A. Chaguaceda & E. Viera Canive – El Poder Político en Cuba: apuntes sobre su naturaleza

Armando Chaguaceda, Politólogo e historiador, especializado en el estudio de procesos democratizadores y regímenes autoritarios en Latinoamérica y Rusia


Eloy Viera Canive, Abogado y periodista, especializado en temas de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia en Cuba

La ausencia de Cuba en parte de los análisis sobre el estado de la política en Latinoamérica es impresionante. En las academias de la región no se comprende bien el esquema de poder vigente en la isla. Algunos colegas esgrimen para su desinterés justificaciones banales cómo “es una pequeña isla aislada de la globalización”. Otros, desde cierto reduccionismo liberal, se limitan a rechazarlo tan solo porque “no permite elecciones multipartidistas”. No pocos, desde el relativismo izquierdista, extienden al gobierno cubano la certificación de ser “una democracia diferente”, “socialista” y “popular”. Estas posturas se suman a la ausencia de un debate serio en torno al mismo tema dentro de la academia cubana[1]y a las diferentes acepciones que del concepto democracia se han construido para defender el modelo político imperante por más de 60 años en el archipiélago caribeño.

Ahora, ¿qué entendemos por democracia y que relación guarda esta con el modelo cubano?

La democracia reúne un ideal normativomodo de vida que cuestiona las asimetrías de jerarquía y poder dentro del orden social—, un movimiento social —conjunto de actores, luchas y reclamos democratizadores expansivosde la ciudadanía—, un proceso socio-histórico —las fases y horizontes de democratización— y un orden político —régimen democrático— que institucionaliza los valores, prácticas y reglas que hacen efectivos los derechos a participar, deliberar,ser representados políticamente y a la renovación periódica de los titulares del poder estatal. Toda democracia supone consensos dinámicos, precariamente construidos a través de conquistas ganadas desde la movilización social. Y el pluralismo expresa, en el plano institucional, el procesamiento —y no la anulación de la demanda o del demandante— de las diversidades y contradicciones sociales constitutivas del mundo real. No se forja la democracia tan solo con el consenso aparente y apacible de cierto liberalismo. Tampoco nace la república desde las casamatas de la dictadura del —en realidad sobre el— proletariado.
En el mundo, la democracia realmente existente adquiere hoy la forma de una república liberal de masas, erigida sobre el tejido de una sociedad compleja y dentro de los marcos territoriales e institucionales de un Estado nación. Es dentro de esta —y no desde el liberalismo oligárquico, los populismos autoritarios de cualquier signo ideológico ni el socialismo de Estado— donde los sectores populares, a través de una dialéctica ciudadanizante —que abarca la lucha social, el reconocimiento legal y la incorporación de sus demandas en la política pública— han conseguido beneficios permanentes y derechos universales. No hablemos de las clases altas y medias: incluso los trabajadores de países vecinos cómo Chile o Costa Rica disfrutan hoy de muchos más derechos, peleados y conseguidos a través de sus sindicatos y representantes políticos, que sus pares de Cuba. Lo cual es reconocido incluso por académicos comprometidos con un enfoque riguroso y con horizontes progresistas de análisis político[2] .
Si bien buena parte de las democracias latinoamericanas están limitadas por la violencia criminal, la desigualdad social y la corrupción política de sus élites, la gente cambia periódicamente a sus gobernantes, se expresa y protesta ante su mal desempeño y se organiza para influir en la política gubernamental. En Latinoamérica, después del fin de las dictaduras militares de derecha de la Guerra Fría, los ciudadanos han cambiado la composición de sus gobiernos y la orientación de sus políticas. La alternancia de gobiernos neoliberales y progresistas lo demuestra. Pero a sus homólogos en la Cuba revolucionaria no les han permitido, siquiera, cuestionar las prioridades dentro del mismo y prolongado gobierno.
En Latinoamérica las élites están ideológicamente divididas entre sectores conservadores, reformistas y radicales; también entre segmentos empresariales y políticos. En Cuba, están fundamentalmente fusionadas dentro de un grupo social y un aparato del Estado que es, por su omnipresencia en toda la vida nacional, el principal responsable de la violencia, la desigualdad y la corrupción. Las diferencias que existen en su seno no pueden expresarse, dejando al ciudadano sin la posibilidad siquiera de elegir entre modalidades distintos de una gobernanza autoritaria.
Como ejercicio de imaginación política, es siempre posible pensar en una democracia diferente. Pensadores de prosapia socialista[3] al criticar los fundamentos del liberalismo, propusieron pensar de forma distinta la organización y participación política de la población, en las sociedades divididas en clases. Otros, desde el liberalismo democrático[4] reconocieron la pertinencia de explorar, en sintonía con el mejor legado marxista, una modalidad diferente de encauzar la acción de los ciudadanos. Democracia socialista entendida no como sinónimo de predominio de una casta política —“marxista”, sustituta de la “liberal”— sino como empoderamiento desde abajo; donde la gente deja de ser “masas” atrapadas por la apatía, resignación e indiferencia y se convierten, a través de sus propios esfuerzos, en sujetos políticos.
Pero el ideal normativo, en tanto identidad y cultura política, de la “democracia socialista” cubana —allende su retórica— es el compañero revolucionario: personas y colectividades disciplinadas, acríticas y no reclamantes, que dejan a sus gobernantes “velar por los intereses del pueblo”. El movimiento social democratizador no existe desde el diseño oficial, puesto que la movilización desde arriba y desde afuera de la sociedad —desde la cúpula del Partido Estado— ha sustituido toda forma de participación y reivindicación social autónomos; incluidos aquellos legítimamente realizados en nombre del socialismo. Como proceso sociohistórico, no hay prácticamente avances —y sí mucho estancamiento y retrocesos— en lo referente a derechos y conquistas democratizadores —civiles, sociales y políticos— desde la crisis instaurada por el llamado Período Especial (1990). Y como orden político, un pequeño grupo de varios cientos de generales, gerentes y burócratas —capitaneado por un cerrado e inamovible núcleo familiar militar— gobierna desde hace seis décadas la isla. Proscribiendo toda forma de pluralismo y alternancia a los once millones de habitantes.

I. ¿Cómo calificar el orden político existente en Cuba?

El régimen cubano, como quiera que se le evalúe, no pasa un test serio de democracia formal o sustantiva. Posee claras falencias, en sus horizontes liberales, republicanos y socialistas. Un socialismo de Estado —con mucho de lo segundo y poco de lo primero— y una autocracia de núcleo familiar militar —monopolizadora del poder, el saber y la riqueza— son las formas reales del Poder en la isla. Todo el orden está regido por una burocracia de estado, en alianza con los capitales extranjeros y con su segmento gerencial, nativo, dentro del país. Burocracia que cuenta, de forma mucho menor y selectiva, con familiares insertos dentro de la emergente clase capitalista local, hija de las reformas.[5].
Un régimen político de matriz soviética —hoy en una fase post totalitaria— que consagra el monopartidismo, la ideología de estado, el control estatal de la economía, la educación y los medios masivos, así como el accionar extendido de una poderosa policía política como elementos de control social. Que pertenece a la categoría de los regímenes revolucionarios —junto con la Unión Soviética, China, Irán, Corea del Norte y Vietnam— surgidos de una lucha sostenida, ideológica y violenta desde abajo, cuyo establecimiento va acompañado de una movilización masiva e importantes esfuerzos para transformar las estructuras estatales y el orden social existente. Este tipo de regímenes ha demostrado capacidad para sobrevivir durante décadas —a pesar de la intensa presión externa, los malos resultados económicos y los fracasos de las políticas a gran escala— siendo uno de los tipos de autoritarismos más duraderos del mundo moderno.[6]
El socialismo de Estado vigente en Cuba no introduce las identidades y demandas excluidos dentro de la política: más bien las expropia y administra en nombre de los humildes. Estudios sobre el caso cubano, realizados desde una perspectiva de izquierda y atendiendo a elementos centrales del enfoque marxista —como la estructura y conflictos socioclasistas— así lo demuestran[7]. El problema de parte de las interpretaciones sobre el sistema político cubano realizadas y publicadas, bajo el prisma oficial, en la isla no radica en la inutilidad explicativa de cualquier marxismo, sino en la naturaleza apologética del tipo —marxismo leninismo— vigente en el archipiélago.
Los análisis emanados de la academia oficial —incluso de sus sectores lealmente reformistas— no permiten desvelar y explicar los factores y procesos reales del entramado de poder en Cuba. Estos enfoques —presentes en la literatura producida por el gobierno y en las currículas de las carreras universitarias— excluyen referencias centrales del orden vigente, como la burocracia, la policía política y el autoritarismo. En ellos persiste, de modo relevante, el uso de una noción ahistórica y asociológica como la de Revolución[8]. La cual refiere, de forma indistinta e intencionalmente confusa, al proceso político, la institucionalidad y sus dirigentes.
El Partido Comunista de Cuba (único legal) mantiene su monopolio oficial en la vida política nacional, en tanto vanguardia autoconferida e irrevocable de la nación. Ni en los textos clásicos de Marx ni en el pensamiento martiano aparece esta idea de organización monopolizadora de la representación política. Ella no es funcional para la clase obrera del paradigma marxista ni para la alianza multiclasista sustentadora del proyecto martiano. La retórica del centralismo democrático, que supone sólo formalmente la amplia discusión de/con las bases y la posterior aprobación y acatamiento de la decisión convenida, ha sido la pauta formal del funcionamiento del Partido único. No resulta democrático un centralismo en realidad burocrático, donde el Buró Político —y, durante medio siglo, su líder máximo Fidel Castro, luego sustituido por Raúl Castro y ahora por Miguel Díaz Canel— toma las principales decisiones en materia política, socioeconómica y cultural en nombre de casi setecientos mil militantes y once millones de cubanos.[9] En realidad, la subordinación jerárquica del órgano inferior al superior ha primado, convertida en la anulación permanente —por efecto de la burocratización, el escaso diálogo y la lógica de ordeno y mando— de las capacidades y motivaciones de los niveles de base para desarrollar la iniciativa política de sus militantes, aún dentro de los límites establecidos por el modelo.
No hay espacio siquiera para el pluralismo y autogestión limitados de otras experiencias socialistas, donde sus élites reconocieron las contradicciones de clase y desempeño inherentes al diseño soviético[10]. No da tampoco cabida el “modelo cubano” al debate del mejor marxismo europeo[11] y latinoamericano[12] acerca del lugar de la democracia dentro del socialismo. En Cuba se sigue llamando “popular” a un orden burocratizado y vertical y “socialistas” a unas relaciones de producción donde la empresa estatal —administrada por esa burocracia— y, de lejos y paulatinamente, empresas capitalistas extranjeras y nativas, explotan sin contrapesos (sindicales) ni contraprestaciones (salariales) la empobrecida fuerza de trabajo.
Pese a su retórica republicana, el régimen cubano lo es apenas de modo formal. La hipercentralización y personalización en la toma de decisiones en todas las instituciones, con escasa o nula deliberación política, vulnera estructuralmente cualquier idea de participación activa y reivindicación de derechos inherentes a la matriz republicana. Imposibilitada la ciudadanía de incidir de forma efectiva, a través de mecanismos específicos de participación, deliberación y representación, para promover sus diversos intereses, todo queda en las manos de la burocracia.[13].
El Partido, expresión limitada de una parte de la nación, prima sobre un Estado que, formalmente, representa a la ciudadanía en pleno. Y aunque no preside el Consejo de Estado —prerrogativa del presidente de la Asamblea Nacional del (mal) llamado Poder Popular (ANPP)— ni el Consejo de ministros —función del recién creado puesto de primer ministro, el primer secretario del Partido está jerárquicamente por encima de cualquier dirigente del país. Por su parte, la ANPP —sucedáneo falaz de un parlamento auténtico— sigue abdicando de sus función deliberativa, legislativa, contralora y de custodia y/o reforma constitucionales, a favor de los Consejos de Estado y de Ministros.
La ANPP se reúne poco, carece de profesionalización y sus integrantes no muestran iniciativa más allá de puntuales temas —casi siempre derivados de la administración y ejecución puntual de ciertas políticas— y encomiendas desde arriba. No hay forma alguna de democracia —mucho menos popular— dentro del sistema cubano. Incluso en el muy elemental nivel barrial, los delegados electos por sus vecinos carecen de autoridad y recursos para hacer política y gestión propias.
Esa falta de capacidad a nivel local contrasta mucho más cuando se evalúa la influencia política de aquellos delegados barriales que llegan a diputados a la Asamblea Nacional. El 50% del poblado Parlamento cubano está compuesto por delegados electos en su vecindario. De 605 escaños 303 están dedicados a los delegados de base, lo que teóricamente garantiza una mayoría parlamentaria para los representantes del pueblo llano. Sin embargo, lo que pudiese parecer la expresión más popular de la “democracia cubana” fenece ante la inoperancia de un órgano que se reúne dos veces al año y cuya misión casi exclusiva es la de formalizar unánimemente las decisiones tomadas de antemano por las altas esferas del Partido Comunista. En más de 40 años de instaurada la ANPP, ni un solo diputado ha utilizado su iniciativa legislativa para presentar un Proyecto de Ley y solicitar su debate.

II. ¿Actualizando el modelo: ha cambiado el poder político cubano tras la reforma constitucional del 2019?

La profesionalización de la labor de los representantes del supuesto Poder Popular, incluidos los diputados, es una vieja utopía de un sector de la intelectualidad de izquierda que cree en la perfectibilidad del modelo cubano. La idea retomó fuerza a la sazón del debate constitucional impulsado entre julio del 2018 y febrero del 2019, sin embargo, no tuvo traducción a la nueva Carta Magna y recibió un golpe mortal, con la aprobación en octubre del 2019, de la nueva Ley Electoral. La norma jurídica que complementa los procesos electorales descritos por la Constitución, redujo el tamaño del Parlamento y con ello la representación de los delegados barriales, únicos dentro de todo el entramado estatal, directamente propuestos y elegidos por la ciudadanía.
Con la nueva Ley Electoral se dificulta aún más el sostenimiento, incluso teórico, de la idea de que el sustrato popular, está en la base del poder en Cuba. Para cualquier narrativa cabalmente emancipatoria que evalúe la estructura de clase de la sociedad cubana, los órganos de poder y el régimen de propiedad imperantes en la isla, no puede dejar de ser cuestionable el carácter socialista del modelo cubano.
Amén de la reforma constitucional y el impulso de aparentes modificaciones en el modelo estatal, la burocracia sigue detentando una posición dominante en la economía, la política y la cultura insulares, lo que le garantiza una ventaja decisiva en el desarrollo individual y colectivo de sus miembros, dada la asimetría de poder, información y recursos materiales de que disponen en relación con las clases trabajadoras. Estas últimas formalmente reconocidas como las “clases dirigentes” del socialismo cubano.
El régimen cubano ha mutilado la iniciativa política de la ciudadanía y la legitimidad de las instituciones. Ha recurrido al reconocimiento simbólico de espacios y herramientas que permiten articular toda una teoría sobre el carácter directo y popular de la democracia cubana, pero que en su fondo y en su forma dejan muestras suficientes para asegurar que en su diseño subyace una marcada intención de limitar la influencia y participación ciudadana en el poder político. La burocratización de los mecanismos de democracia directa reconocidos por la legislación vigente y el control de su impulso a partir de mecanismos de coacción política, condiciona que la sociedad civil no los emplee en el impulso de sus agendas y que se expanda y asuma como un hecho la idea de que solo las iniciativas que parten desde arriba, desde las más altas esferas de poder son válidas. Y que aquellas que se promueven desde abajo, desde la autonomía de la ciudadanía, no son el ejercicio legítimo de un derecho ciudadano, sino un acto político contrario a esa categoría ahistórica e inconmensurable con la que se ha identificado el sistema político del país: la Revolución.
La capacidad y vocación de control del gobierno cubano le permitió, hace dos años, convocar a una consulta popular para el análisis de la nueva Constitución y desligarse legal de los deseos populares. Esa es la lógica que permite entender quizás, por qué los reclamos de más de 11 mil cubanos que solicitaron la elección directa del Presidente de la República no fueron escuchados y si fueron acogidos los de otros 575[14] que solicitaron fuera retomado, al menos como aspiración política, el término comunismo desterrado de la primera versión del Proyecto de Constitución.
La Constitución vigente y las normas jurídicas que la complementaron en materia de participación ciudadana y democracia directa, no invirtieron la forma de hacer política en Cuba, desde arriba hacia abajo. Por el contrario, mantuvieron su mismas esencia y conservaron en manos del poder la posibilidad de impulsar, no solo consultas populares, sino también otros mecanismos realmente vinculantes como los referendos y los plebiscitos. Dos instrumentos que han sido escasamente utilizados en la historia cubana reciente y que el anuncio de su uso futuro, solo denota el carácter conservador del “socialismo cubano” .
El carácter no vinculante de la consulta popular del proyecto de Constitución le permitió al gobierno cubano obviar la elección directa del Presidente o los Gobernadores Provinciales, pero no le fue suficiente para garantizarle de forma irrestricta y sin condicionamientos los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ[15], especialmente el matrimonio igualitario. Por el contrario, luego del resultado de la consulta, decidió hacerlos depender de un referendo de esencia plebiscitaria, cuyo proceso debe iniciarse en el año 2021[16].
Un plebiscito en el que no solo se pondrán a disposición de la mayoría los derechos internacionalmente reconocidos de una minoría, sino que la participación popular también estará limitada. El Estado Cubano se ha encargado durante todo este proceso de reforma y actualización de su modelo normativo de ampliar, formalmente, los instrumentos de democracia directa[17]; pero al mismo tiempo ha mantenido su burocratización y ha limitado materialmente la participación, de una cada vez menos despreciable, comunidad cubana en el exterior.[18]
El proceso de reforma constitucional reavivó el debate sobre las posibilidades de participación de esa comunidad, pues la ley Electoral vigente al momento de producirse el referendo de aprobación de la Constitución reconocía a la residencia como la principal condiciónante para ser considerado elector. Y reconocía además la obligación del Estado Cubano de garantizar que los electores que se encontraban fuera del territorio nacional en el momento del referendo, pudiesen ejercer su derecho al voto.[19] Esa obligación de Estado fue incumplida y solo se permitió el derecho al voto en el exterior al personal que se encontraba de misión oficial en el extranjero[20].
El Estado-Gobierno cubano evitó así, que una comunidad no sometida a las mismas presiones y controles sociales directos que pesan sobre los cubanos del interior de la isla y a la que se le había permitido opinar en la consulta popular[21] no participara del referendo. El control total de la vida política y jurídica de la nación cubana que detenta el Partido Comunista le permitió con facilidad no solo vulnerar sin consecuencias su propia ley y evitar el voto de un sector mayoritariamente crítico con la gestión de gobierno, sino también ajustar sin resistencias los espacios que en el ordenamiento jurídico había dejado y que pudiesen convertirse en una herramientas de la ciudadanía para disputar poder legítimamente y por ende constituir una amenazas a su control hegemónico.
En septiembre del 2019, por unanimidad —como es costumbre— la ANPP aprobó una nueva Ley Electoral. Con ella el régimen cubano restringió aún más las posibilidades de que la comunidad cubana residente en el exterior participara de la vida política. Con la nueva norma se incorporó la categoría “residencia efectiva” para definir quiénes podían ser sujetos de estos derechos políticos en Cuba. El poder solucionó de un plumazo la dicotomía que había sido utilizada meses antes para interpelarle, para demostrar sus rasgos autoritarios y estableció que el derecho al voto dependería de la presencia física en el territorio nacional y de actos que evidenciaran la voluntad del elector de mantener a Cuba como domicilio permanente[22]. Se cerró la puerta así a la implementación de un voto cubano en el extranjero y se posibilitó la exclusión de ese derecho ante el criterio selectivo de la mesa electoral.

III. La disputa por los Derechos: iniciativas ciudadanas, respuestas estatales

El poder en Cuba se ha sostenido durante décadas la factibilidad de un sistema en el que se ponderen algunos derechos humanos por sobre otros. El embargo estadounidense contra Cuba, impuesto desde los primeros años de la década de 1960 ha sido utilizado como excusa por el gobierno cubano para sistematizar una teoría heredada de la Guerra Fría que es contraria a la universalidad e indivisibilidad que debe guiar el tema. Los avances en la materialización de derechos sociales como la salud y la educación y el embargo norteamericano han sido utilizado por el Partido Comunista para justificar la represión y la limitación de derechos civiles políticos.
Según Freedom House, Cuba es el país con menor libertad en la red de las Américas y el cuatro peor a nivel mundial,[23] entre los 65 monitorizados. Conforme el Índice CIVICUS Monitor indicativo de la vigencia de las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, su espacio cívico es calificado como “cerrado”.[24] El Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas en 2019 mostró su preocupación por los diversos mecanismos de represión en Cuba.[25] La Relatoría de Libertad de Expresión del sistema interamericano en su informe de 2019[26] reseñó la persecución sistemática a periodistas independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público y en su comunicado del 18 de abril de 2020,[27] expresó su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en la respuesta del Estado al COVID 19, resaltando los casos de periodistas multados en virtud del Decreto-Ley 370.
El poder reacciona de modo represivo ante el aumento del escrutinio e incidencia públicas motivado, entre otros, por el aumento del acceso a Internet y las iniciativas cívicas de la población cubana[28]. Controles ilegítimos de derechos como la libertad de expresión que ayer estuvieron condicionados constitucionalmente a su ejercicio de acuerdo a los fines de la sociedad socialista[29], hoy han sido llanamente reconocidos sin condicionamientos en normas visibles y de internacional impacto como la Carta Magna[30], pero limitados en normas inferiores y condicionados a categorías burguesas como la moral, las buenas costumbres y el interés social.
Atendiendo a las dificultades que implica el ejercicio de la iniciativa legislativa popular en Cuba[31] el 21 de noviembre del 2019, cuarenta mujeres, haciendo uso del derecho constitucional de petición, solicitaron a la ANPP que considerara el impulso de una Ley Integral contra la Violencia de Género[32]. Lo que pudo haberse considerado simplemente como un ejercicio legítimo y saludable de un sector de la sociedad civil cubana fue catalogado apenas unos días después por Mariela Castro Espín, diputada a la Asamblea Nacional e hija del Primer Secretario del Partido Comunista como una “campaña para desacreditar nuestros/sus esfuerzos”. En una entrevista ofrecida al Portal Cubasí la también directora del Centro Nacional de Educación Sexual consideró que: “el Estado se ha ocupado del tema… hay muchas personas que caen en las trampas de campañas para desacreditar nuestros esfuerzos, gente muy mal preparada metiéndose en Facebook, publicando cosas; además, no actuar de manera aislada, tenemos que unirnos, hacer alianzas, porque cada vez que hacemos alianzas y nos unimos, logramos efectividad, logramos realmente cambios; entonces, no seguirle el juego a los enemigos de la Revolución, unirnos entre las organizaciones e instituciones que realmente estamos trabajando y que estamos abiertas a todas las ideas verdaderamente sinceras y comprometidas con la obra revolucionaria[33].
Ese supuesto “compromiso con las ideas verdaderamente sinceras y comprometidas con la obra revolucionarias” es el mismo que utilizó el régimen cubano, para controlar un mecanismo autóctono de democracia directa como la consulta popular de la nueva Constitución. Un mecanismo que teóricamente permite al Estado retroalimentarse del criterio de la ciudadanía, ante la inminencia de la toma de decisiones. Su impulso es una facultad exclusiva del Parlamento y su efectividad es muy discutible porque exime al Estado de cualquier obligación con el resultado de la consulta, al no ser vinculante.
El Decreto Ley 370 aprobado como parte del proceso de implementación de la Constitución se ha empleado desde su promulgación no solo para controlar la influencia de periodistas independientes y agentes de influencia opuestos al régimen cubano, sino también contra ciudadanos comunes que utilizan las redes sociales y el Internet como medios para expresar inquietudes[34]. Una cláusula que establece que “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas” puede ser penado con multas de hasta 3000 pesos moneda nacional (aproximadamente 120 dólares) y el decomiso de los equipos utilizados para las publicaciones. Ese amparo legal se ha utilizado para sancionar, de acuerdo a reportes de prensa[35], a más de una veintena de activistas, periodistas independientes y ciudadanos comunes entre enero y mayo del 2020.
La cláusula contraviene los estándares en materia de libertad de expresión y restringe ese derecho en base a objetivos que no son legítimos según lo previsto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. “La nueva Constitución cubana, el Decreto ley 370, y el accionar del Estado cubano, contravienen plenamente el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), firmado por Cuba el 28 de febrero de 2008; pero que lleva largos años sin ratificar. Este marco, bajo el cual el Estado cubano puede sancionar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, genera un efecto inhibitorio de la libertad de expresión ejercida a través de estas herramientas y plataformas, en tanto pesa una amenaza real y permanente de sanción para las personas, prácticamente para cualquier discurso que emitan y que discrecionalmente los órganos del Estado pueden calificar como una contravención legal, y posteriormente conducir a la privación de libertad”[36].
La limitación de derechos civiles y políticos en Cuba no se ha limitado exclusivamente como algunos autores cubanos han sugerido[37] a pequeños grupos opositores sin respaldo popular. Las limitaciones a los derechos civiles y políticos alcanzan a todos los espacios y actores que no puedan ser controlados por el Partido Comunista. Esas limitaciones se han extendido incluso al segmento de la nación cubana que producto de la emigración ha escapado del alcance de los mecanismos que utiliza el gobierno para controlar y reprimir a quienes directamente le adversan.
A la definitiva cancelación de los derechos políticos de la emigración cubana, se han sumado las tácticas de destierro o negativas de retorno apelando a criterios de seguridad nacional. Criterios que pueden llegarse a aplicar ya no contra líderes políticos o activistas de reconocida influencia en la política del país, sino también a jóvenes periodistas que tuvieron que salir a estudiar al extranjero porque en el país se les negó uno de los derechos sociales más importantes y teóricamente garantizado por el gobierno a todos los cubanos: la educación.
Karla Pérez es una joven cubana residente en la actualidad en Costa Rica. Fue expulsada en el 2016 de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas mientras cursaba el primer año de la carrera de periodismo. La justificación que utilizaron las autoridades universitarias en aquel momento para negarle el derecho al estudio fue su pertenencia a una organización opositora denominada Somos Más. Se confirmaba así la añeja tendencia del poder cubano de utilizar los derechos sociales como mecanismos para garantizar corrección política o autocensura en el ejercicio pleno de los más elementales derechos civiles y políticos. La frase la “universidad es para los revolucionarios” acuñada por la oficialidad cubana y los planteamientos de la Viceministra en funciones del Ministerio de Educación Superior Martha del Carmen Mesa Valenciano demuestran que los derechos sociales ponderados por el gobierno cubano son utilizados por el poder como un arma para discriminar políticamente. En agosto del 2019 la Viceministra de Educación Superior cubana emitió una declaración ya no dirigida al estudiantado al que pertenecía Karla Pérez sino en esta ocasión al profesorado. La declaración de la Viceministra es una demostración de que la academia cubana es vista por el poder como un mecanismo de adoctrinamiento político y de transmisión y defensa de las ideas del Partido Comunista. En aquel entonces Mesa Valenciano declaró: “quien no se sienta activista de la política revolucionaria del Partido Comunista, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario”[38].
En el caso de Karla Pérez el hecho de no compartir la ideología del Partido Comunista no solo le granjeó la limitación a su derecho al estudio, sino que, esa actitud también fue utilizada para justificar su destierro o expatriación. Luego de haber sido expulsada de la universidad Karla Pérez fue a estudiar a Costa Rica y cuando concluyó sus estudios y pretendió regresar a Cuba las autoridades cubanas le impidieron su entrada al territorio nacional[39]. En una conferencia de prensa[40] ofrecida por Yaira Jiménez, directora general de Prensa, Comunicación e imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, el 19 de marzo del 2021, justificó el destierro de Karla Pérez aduciendo que Karla era un “instrumento… utilizado para manejos y acciones fuera de la ley y deststabilizadoras”. La funcionaria aseguró además que Cuba tenía el derecho a defenderse de “esos propósitos subversivos”.
El efectivo destierro de Karla Pérez no es un hecho aislado en el caso cubano. Cientos de cubanos permanecen impedidos de entrar al territorio nacional. Otros cientos se encuentran impedidos de salir de Cuba sin estar sometidos a procesos judiciales o sin tan siquiera haber sido requeridos por la justicia. No obstante, el destierro de Karla se produjo en un momento de aumento de la conflictividad política en el país, desatada entre otras cosas por la crisis económica derivada de los efectos de la pandemia de COVID-19, de las deformaciones estructurales de la economía cubana y de las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos.
Con la profundización de la crisis también ha aumentado la conflictividad política y las formas de reacción al poder. Una reacción que ya no solo se limita a esos focos o actores frontalmente opuestos al gobierno sino que también alcanza a aquellos que desde un pensamiento de izquierda proponen reformas y respeto gubernamental a los derechos humanos. El 30 de marzo del 2021 se produjo una manifestación pacífica en la calle Obispo de la Habana. En esa manifestación fueron detenidas una docena de personas, incluido un joven universitario que portaba un cartel que rezaba: Socialismo Si, Represión No. Ese joven fue instruido de cargos y formalmente acusado por un delito de desórdenes públicos.
Hoy más que nunca es cuestionable afirmar por estudiosos —según posturas afines a la política del gobierno cubano— que la represión de las muestras de disenso y la protesta en espacios públicos en Cuba se dirige contra actores que “minoritarios” e “instrumento de los Estados Unidos”. En primer orden no existen evidencias empíricas fiables que permitan asegurar indubitadamente el respaldo popular minoritario de esos actores. El gobierno cubano no les ha permitido sobrevivir políticamente y mucho menos participar en igualdad de condiciones con el Partido Comunista en las decisiones políticas relativas a la nación cubana. En segundo orden las muestras de que esa represión alcanza no solo a esos grupos “minoritarios” sino también a cualquier ciudadano políticamente activo que adverse al gobierno y sus decisiones —incluidos aquellos que teóricamente comparten la ideología del Partido Comunista y del gobierno-, son cada vez menos irrefutables..
La pandemia además ha dejado muestras de que el proyecto político del poder cubano muta, guiado por un pragmatismo que persigue legitimar la construcción de un capitalismo de estado sobre la base de una anacrónica mística revolucionaria. Los gastos presupuestarios del último año de crisis pandémica, revelados por fuentes estadísticas oficiales, revelan una asimetría entre la enorme cuantía dedicada a la inversión inmobiliaria —en el turismo, empresas orientadas a la exportación de bienes y servicios en divisa— y la depauperada partidas dedicadas a la educación, salud y seguridad social. Justo los elementos icónicos de la retórica oficial. [41]
En Cuba, el desarrollo de las reformas —incluidas sus modalidades de implementación, incoherencias y limitaciones— está ampliando la brecha entre los individuos y grupos favorecidos por los cambios y aquellos convertidos –de la mano del mercado que no les acoge y del estado que aún administra y limita sus derechos– en perdedores netos. Estos seres prescindibles abarcan hoy diferentes categorías de trabajadores urbanos y rurales, familias carentes de remesas, habitantes de los barrios de la periferia capitalina y el interior del país, negros y mestizos, ancianos y mujeres.
En los inicios de la Revolución, la mayoría de la población que apoyó el nuevo orden entregó al Estado la posibilidad de ejercer autónomamente sus derechos civiles y políticos, a cambio de formas de participación políticas subordinadas y, sobre todo, del cobijo de extensas, generosas y en ciertos casos ejemplares, políticas sociales. Este manto paternalista posibilitó, por tres décadas, una inclusión y movilidad social envidiable en el contexto latinoamericano, dentro de un orden estadocéntrico y bajo los subsidios masivos de la desaparecida Unión Soviética. Sin embargo, ese sui géneris Contrato Social hoy naufraga dramáticamente, sin que el patrón devuelva a sus protegidos lo que alguna vez estos le entregaron.
Frente a este escenario las “conquistas sociales” aparecen como lo que realmente son: jamás fueron derechos sino, en el mejor de los casos, prestaciones. Por cuanto quedan en entredicho tres condiciones esenciales de los primeros: ser exigibles —y tener mecanismos donde demandarlos y defenderlos—, universales —inherentes a toda la población, amen su condición política o socioeconómica— y, sobre todo, indivisibles —por lo que si no se poseen, a cabalidad, derechos civiles y políticos nunca se podrán defender los sociales.
La mayoría de las familias cubanas viven en situación de aguda pobreza, sobreviviendo con ingresos obtenidos por vías ilegales: desvíos de recursos estatales, participación en el mercado negro, hurtos, etc. De esa situación se exceptúan aquellos que ocupan puestos importantes vinculados con la economía que opera en divisas (empresas mixtas, inversiones extranjeras), ciertas categorías especiales (oficiales de los cuerpos armados, algunos deportistas y artistas), los que rentan al turismo o tienen algún negocio relacionado con este (paladares, clubs) o quienes reciben una ayuda importante (remesas) del exterior.
¿Pero, preguntan algunos, frente a tal situación en un país con las añejas tradiciones de lucha y niveles de instrucción como el cubano, no sería lógico que la gente expresara su disenso? Ello está sucediendo, tanto en los canales institucionales (asambleas sindicales, barriales, buzones de queja del estado y la prensa) como en las conversaciones callejeras y las manifestaciones de la acotada oposición. Y de continuar el empobrecimiento de la población en estos tiempos de actualización del modelo, no es trasnochado presumir que asistiremos —en un futuro cercano y sobre todo en los barrios pobres de la capital y las abandonadas zonas del interior del país— a frecuentes expresiones de descontento y protesta social, más caóticas y espontáneas que políticamente conscientes y organizadas.

Conclusión

El modelo vigente en Cuba continúa siendo la principal barrera para cualquier forma de democracia, cualquier tipo de socialismo y cualquier expresión, viva y sincera, de la diversidad natural de personas e intereses que conforman la nación cubana. Dicho orden —si quiere ser algo más que el modelo de control y acumulación precaria de un grupo de poder, que sobrevive con rendimientos decrecientes— necesita una reforma sustantiva y urgente. Tanto o más necesaria que en otros segmentos de la sociedad.
Dicha reforma puede incluso ser no ser democratizadora, sincerando los fundamentos epistemológicos, programáticos y operativos conservadores del modelo actual. La modernización autoritaria —y no la revolución social o la transición democrática— exhibiría sus credenciales securitarias, gerenciales y tecnocráticas, afines al diseño globalizado del Nuevo Despotismo.[42] La acumulación neocapitalista podría prescindir de las rémoras justicieras de lo que alguna vez fue una Revolución y hoy no es otra cosa que un poder reaccionario.
Si ese poder en Cuba asumiera, por ejemplo, la doctrina de su gran aliado ruso —el putinismo[43] habría dado un salto notable respecto a su anacrónico marxismo-leninismo actual. De hacerlo, los burócratas abrazarían el conservadurismo como ideología rectora de su cosmovisión, en lugar de insistir en calificarse como impulsores de un orden revolucionario. Al incorporar nociones cómo autocracia y Poder Vertical, la élite política e intelectual isleña podría despojarse de esa palabrería hueca sobre la democracia socialista y el Poder Popular, ajena a la realidad. Al sustituir a Carlos Marx por Carl Schmitt, los intelectuales orgánicos del régimen harían al orden político cubano más coherente —en su nexo entre discurso y praxis— que en su estado actual.


Pour citer cet article : Armando Chaguaceda & Eloy Viera, « El Poder Político en Cuba: apuntes sobre su naturaleza », Confluence des droits_La revue [En ligne], 03 | 2022, mis en ligne le 24 mars 2022. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=1767


 

[1] A. Fleites, “Cuba ¿un nuevo momento histórico?. Entrevista a Alina Bárbara Hernández López”, y A. Hernández, “Docencia e investigación en Ciencia Política desde las condiciones de Cuba”.

[2] D. Rueschemeyer, Y E. H. Stephens, Y J. D. Stephen, Capitalist development and democracy, Chicago, University Of Chicago Press y Ch. Tilly, Democracia, Madrid, Akal, 2010.

[3] C. B. Macpherson, La democracia liberal y su época, Madrid, Alianza, 2003.

 [4] N. Bobbio, Qué socialismo?, Barcelona, Plaza & Janes, 1977.

[5] Una casta gobernante que no puede invocar —como es su costumbre— algún legado histórico, toda vez que el intelectual y Héroe Nacional cubano, José Martí, anticipó un siglo antes sus rasgos predadores, al señalar: “Todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios, ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada y pingüe, lo iría perdiendo el pueblo, que no tiene las mismas razones de complicidad en esperanzas y provechos, para hacer frente a los funcionarios enlazados por intereses comunes. Como todas las necesidades públicas vendrían a ser satisfechas por el Estado, adquirirían los funcionarios entonces la influencia enorme que naturalmente viene a los que distribuyen algún derecho o beneficio. El hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él para no tener que cuidar él de sí, tendría que trabajar entonces en la medida, por el tiempo y en la labor que pluguiese al Estado asignarle, puesto que a este, sobre quien caerían todos los deberes, se darían naturalmente todas las facultades necesarias para recabar los medios de cumplir aquellos. De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios”J. Martí, “La futura esclavitud” en Obras Completas, Tomo 15, La Habana, Ciencias Sociales, 1975.

[6] S. Levitsky & L. Way, “The Durability of Revolutionary Regimes”, Journal of Democracy, Volume 24, Number 3, July 2013, pp. 5-17.

[7] C. Hilb, Silencio, Cuba. La izquierda democrática frente al régimen de la Revolución Cubana, Buenos Aires, Edhasa, 2010 y S. Farber, Cuba Since the Revolution of 1959, a Critical Assessment, New York, Haymarket, 2011.

[8] Para un análisis de los usos políticos del término Revolución dentro del contexto cubano ver B. López Hernández, “¿Nominalistas o realistas? Los modernos teólogos de la economía cubana”.

[9] Diario de Cuba, “14 cubanos deciden por el resto: así es la democracia del nuevo Buró Político del PCC”.

[10] J. Djordjevich, Yugoslavia Democracia Socialista, México, Colección Popular, Fondo de Cultura Económica, 1966 y E. Kardelj, “The Practice of Socialist Democracy in Yugoslavia” en C. Wright Mills, The Marxists, New York, Dell Co, 1962.

[11] N. Poulantzas, Estado, Poder y Socialismo, Madrid, Siglo XXI, 1980.

[12]C. Pereyra, Sobre la democracia, México, Cal y Arena, 1990.

[13] Haciendo realidad aquella frase de Rosa Luxemburgo, que anticipaba: “cuanto más democráticas son las instituciones, cuánto más vivo y fuerte es el pulso de la vida política de las masas, más directa y completa es su influencia, a pesar de los rígidos programas partidarios, de las boletas superadas (listas electorales), etcétera. Con toda seguridad, toda institución democrática tiene sus límites e inconvenientes, lo que indudablemente sucede con todas las instituciones humanas. Pero el remedio que encontraron Lenin y Trotsky, la eliminación de la democracia como tal, es peor que la enfermedad que se supone va a curar; pues detiene la única fuente viva de la cual puede surgir el correctivo a todos los males innatos de las instituciones sociales”, Rosa Luxemburg, La revolución rusa, Madrid, Akal, 2017.

[14]Cuáles son los principales cambios al Proyecto de Constitución”.

[15] Especial sobre el Proceso de Reforma Constitucional cubano : “La Cuba que viene” en https://constitucion.eltoque.com, consultado el 8 de octubre del 2020.

[16] La Disposición Transitoria DECIMOPRIMERA de la Constitución de la República de Cuba establece que: “Atendiendo a los resultados de la Consulta Popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá, en el plazo de dos años de vigencia de la Constitución, iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio”. Constitución de la República de Cuba del 10 de abril del 2019. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5 del 10 de abril del 2019.

[17] Con la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular se modificó el ejercicio de algunos mecanismos de democracia directa como la iniciativa legislativa popular y se regularon también los procedimientos para materializar nuevos mecanismos de participación popular, como las cuestiones de constitucionalidad, la reforma constitucional popular y las solicitudes de plebiscitos y consultas sobre temas de interés a nivel local.

[18] El Estado cubano no ha utilizado la ciudadanía como una categoría garante de derechos per sé, sino que la ha utilizado como una fuente de obligaciones. La residencia, condicionada en la actualidad a la no permanencia por más de 24 meses fuera del país, ha sido la categoría utilizada por el régimen cubano para garantizar el disfrute de derechos sociales como la salud y la educación. Pero ha sido utilizada también, para limitar, incluso contra lo establecido en la ley, la participación de la comunidad cubana residente en el exterior en la vida política de la nación.

[19] Ley No. 72 del 29 de octubre de 1992, Ley Electoral, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 9 del 2 de noviembre de 1992. “Artículo 164: La Comisión Electoral Nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, dispone lo necesario para garantizar el ejercicio del voto por los electores que se encuentran fuera del territorio nacional el día que se celebre el referendo.”

[20]Cuba inicia referendo constitucional con el voto de diplomáticos en el exterior”.

[21] B. Mojena Milán, “Cómo participar en el proceso de consulta popular de la Constitucion desde el exterior”.

[22] J. Cilano Peláez, Constitución y ley Electoral en Cuba: ¿vino nuevo en odres viejos?.

[23]Freedom on the Net: The Crisis of Social Media”.

[24]Global Report: Twice as many people live in repressed countries compared to a year ago”.

[25]Internal Communication AL CUB 5/2019”.

[26]Informe Anual de la Comision Interamericana de Derechos Humanos 2019”.

[27]Comunicado de prensa R78/20 de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”.

[28]Digital in 2019”.

[29] Constitución de la República de Cuba, 1976, 24 de febrero de 1976. Artículo 52: “Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”.

[30] Constitución la República de Cuba, 10 de abril del 2019. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5 del 10 de abril del 2019. Artículo 54: “El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”.

[31] La iniciativa legislativa popular está reconocida en Cuba como una facultad del electorado y no de la ciudadanía en general, lo que excluye el posible impulso y participación de la comunidad cubana residente en el exterior en este tipo de mecanismos. Así mismo, no basta con que la iniciativa esté apoyada por 10 mil electores, sino que está reconocida como una obligación de los promoventes la de acompañar los resultados de las coordinaciones con los órganos, organizaciones y otras instituciones de imprescindible consulta, en correspondencia con la materia a regular. La ley no aclara cómo certificar esos resultados, pero tampoco cuáles son los órganos, organizaciones e instituciones de “imprescindible consulta” lo que genera un espacio de discrecionalidad muy amplio lo que, unido a la inexistencia de un término para ofrecer una respuesta a la propuesta, favorece la facilidad de su rechazo o su muerte con el simple silencio. Ley No. 131 del 20 de diciembre del 2019, Ley de Funcionamiento y Organización de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6 del 16 de enero del 2020.

[32]Mujeres cubanas solicitan Ley Integral contra la Violencia de Género al Parlamento”.

[33]Mariela Castro: Muchos caen en las trampas de las campañas”.

[34]Cuba y su Decreto-Ley 370: Aniquilando la libertad de expresión en Internet”.

[35] C. Padron Cuento, “Ya son 28 los cubanos multados por la ley Azote” en https://www.14ymedio.com/nacional/cubanos-multados-ley-mordaza_0_2894710505.html   https://www.radiotelevisionmarti.com/a/los-sancionados-en-cuba-por-el-decreto-370/266209.html, consultado el 10 de octubre del 2020.

[36]Cuba y su Decreto-Ley 370: Aniquilando la libertad de expresión en Internet”.

[37] E. Del Pozo Martínez. “La lectura liberal de los derechos humanos y sus efectos en la actual coyuntura de Cuba”.

[38] M.C. Mesa Valenciano. “Ser profesor universitario”.

[39] E. Viera y M. Cordero. “Limitación de movimiento y destierro como mecanismos de discriminación política en Cuba: la expatriación de Karla M. Pérez” en: Revista DemoAmlat No. 26, mayo 2021, https://www.demoamlat.com/revista-dda-mayo-2021/, consultado el 21 de mayo de 2021.

[40]Conferencia de Prensa del MINREX”.

[41] Ver Oficina Nacional de Estadística e Información, “Inversiones. Indicadores Seleccionados. Enero Diciembre 2020”.

[42] J. Keane, The New Despotism, Cambridge, Harvard University Press, 2020.

[43] A. Appelbaum, “Putinism: The Ideology”, R. C. Longworth, “Putinism: The New Russian Ideology en https://www.thechicagocouncil.org/blog/global-insight/putinism-new-russian-ideology-0. K. Gaaze, “The true nature of putinism”, M. S. Fish, “What is putinism”, B. D. Taylor, “The Code of Putinism” en: http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm399_Taylor_Nov2015.pdf, consultados el 27 y 28 de septiembre del 2020.

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